Admitir que el mundo tal y como lo hemos concebido se encuentra desde ya hace tiempo bajo amenaza, implica el volver la mirada hacia los modelos de desarrollo económico implantados a nivel mundial y los impactos que estos han tenido en los territorios, situación que no es del agrado para la clase política, misma que muchas veces forma parte de las argollas económicas o cúpulas empresariales dueñas de las tierras y los medios de producción utilizando como principal herramienta la concentración del poder.
Ejemplo de lo anterior lo son la familia Dueñas y Regalado en El Salvador, favorecida desde hace muchos años por las distintas administraciones de gobierno y que hoy por hoy han encontrado especial trato en proceso de reducción del Estado que se encuentra imponiendo el actual gobierno, incluso a pesar que la misma constitución prohíbe a una persona el poseer más de 245 hectáreas de tierra.
El antropocentrismo ambiental es concebido como una premisa cuya existencia se basa en el goce, disfrute y acceso a la naturaleza como proveedora y suplidora de las necesidades del ser humano y su vida en sociedad sin incluirla como norma válida. esto nos ha llevado a que, desde la ecología y el derecho ambiental, se hable de una crisis civilizatoria producto del crecimiento desmedido y la insaciable necesidad de explotación de la tierra y el capital humano más desfavorecido, en el que se encuentra con mayor preponderancia las mujeres empobrecidas. Situación que es bastante familiar en nuestro país en industrias como la de la caña de azúcar, que se vale en gran medida de este sector población para su producción y que a su vez condenan al sacrificio de ecosistemas enteros.
La muestra más actual de la naturaleza en función de los estándares de explotación más evidentes concebidos por el antropocentrismo y producto de un sistema económico neoliberal, lo constituyen las conocidas como “zonas de sacrificio ambiental”, es decir, aquellas delimitaciones geográficas que han sido fuertemente impactadas por el extractivismo y sus modalidades, llegando a niveles irreversibles y por tanto irrecomponibles para los ecosistemas, las cuales solo son abordadas por las autoridades cuando las afecciones en la vida y salud humana empiezan a ser evidente e innegables. Cantón Sitio del Niño en La Libertad o el río San Sebastián en Santa Rosa de Lima, podrían ser ejemplos en nuestro país.
Gran parte del aporte a esta concepción antropocéntrica cuya resultante se traduce en zonas de sacrificio ambiental viene desde los ordenamientos jurídicos. Constituciones como la salvadoreña establecen el derecho al medio ambiente, como un derecho indispensable para el desarrollo económico únicamente atribuido a las y los ciudadanos, siendo incluso el Titulo V denominado “Orden Económico” en el cual se encuentra establecido el derecho al medio ambiente. Ante esto, en los planes de gobierno y políticas públicas, generalmente se habla del medio ambiente como indispensable y sacrificable para la consolidación de un mejor país, vinculando desarrollo con sacrificio ambiental.
En lo que va de la actual administración del presidente Bukele, mucho se ha dicho del abordaje de la gestión ambiental como un eje más de su política económica neoliberal y que para su implementación, se ha valido de maniobras como la reserva de información que debería de ser oficiosa o cuando menos pública, de acuerdo con la Ley que rige la materia. Esta falta de acceso a la información esta aparejado con un acelerado sistema de aprobación y otorgamiento de permisos ambientales de obras de gran impacto a nivel nacional. En el 2021 se otorgaron 1586 permisos ambientales, encabezando la lista proyectos inmobiliarios e industrias extractivistas incluso en auge como la minería de criptomonedas, conflictividades ante las cuales el Acuerdo Regional Sobre Acceso a la Información, La Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe hubiese sido utilizado para transparentar y permitir la participación, sin embargo, no fue suscrito ni se pretende su adhesión.
Hoy en día, ha emergido con mayor fuerza, colectivos sociales que abogan por el fortalecimiento e instauración de una concepción biocentrista de la vida, entre ellos el movimiento ecofeminista, que buscan deconstruir esta tan arraigada concepción antropocéntrica y cimentar las bases para sociedades conscientes de su papel en el ciclo de la vida y empezando a dirigirse hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos, sin embargo se choca contra un muro cuando vemos propuestas de reforma constitucional que buscan introducir a nuestra Constitución conceptos como el de “ecología de mercado”, que no son más que nuevas formas de concentración de poder ante la necesidad de reconocimiento de la naturaleza y sus derechos y la instauración de un modelo biocentrista.
Encontrarse con los demás actores no humanos que componen el ecosistema es central para la vida, de hecho, podría decirse que la biodiversidad ha hecho mucho más por el planeta de lo que ha hecho la humanidad entera, sin embargo, para ello, es indispensable mejores formas de ejercicio del poder para que sociedades como la salvadoreña empiecen a concebir a la naturaleza como sujeta de derechos y por tanto de tutela de parte del Estado. Ello implica también una autoevaluación por parte de los movimientos sociales en su papel de entes organizados para la defensa de derechos humanos progresivos, entre los cuales se encuentra los derechos de la naturaleza.
Lo anterior debe ir acompañado de un constante ejercicio de activación de las diversas vías, tanto jurídicas, políticas y comunitarias para lo cual es indispensable una articulación multinivel. Ante ello, podemos retomamos palabras dichas por el ecologista norteamericano Barry Comonner: “hubiéramos podido comenzar a asumir de verdad nuestra interdependencia y ecodependencia en los años setenta del siglo XX. Pero en lugar de la revolución ecosocialista/ecofeminista vino la contrarevolución neoliberal.”
A pesar que aún queda mucho por hacer y el tiempo se acorta, la respuesta es el constante intercambio de ideas, de hecho, los conflictos territoriales permiten este ejercicio, en el cual se llega siempre a la misma conclusión: innegablemente, la naturaleza tiene derechos, es una más y manifiesta su voluntad. La pregunta es ¿Cómo los seres humanos seremos los canales para que ella se haga valer?
- La Prensa Gráfica: Marn avaló 1586 permisos ambientales en un año. Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-avalo-1586-permisos-ambientales-en-un-ano-20220803-0065.html
- Ensayo: La trama identitaria del conflicto socio ambiental en perspectiva psicopolítica. Biocentrismo: concibe al ser humano como una especie más dentro del ecosistema, sometida a las mismas leyes naturales que el resto de los organismos. Tomado de https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/download/7308/5887